El Buen Gobierno de las empresas es un término que desde hace años tiene un gran protagonismo en el seno de los mercados financieros. Los escándalos contables y la crisis de confianza provocaron el establecimiento de mecanismos que reforzaron la imagen de transparencia de los mismos, recuperando la credibilidad de los inversores. Prueba de ello, fue la elaboración del Código Unificado en 2006.
La nueva Ley de Sociedades de Capital, será ahora, la que regulará algunas de las recomendaciones que se recogían en ese Código de Buen Gobierno, aunque son muchas las cotizadas que ya lo estaban aplicando. En aras de mejorar, este código tuvo una versión mejorada el pasado mes de noviembre, realizada por un Comité de Expertos a petición de la CNMV.
Las medidas tomadas van encaminadas a otorgar mayor poder y participación a los accionistas en la toma de decisiones de las sociedades. Algunas de las novedades que ofrecen más protagonismo a los accionistas son, por ejemplo, el número de acciones mínimas para asistir a la asamblea anual, que se establece en un mínimo de 1.000 acciones, para poder ejercer los derechos políticos se requerirá un 3% del capital frente al 5% que se exigía hasta el momento. Además, se amplía el plazo para poder impugnar los acuerdos sociales, que pasa de cuarenta días a un año.
Por otro lado, se someterá a la aprobación de Junta de Accionistas las políticas retributivas del Consejo de Administración en periodos de tres años y se detallarán las primas, pensiones o indemnizaciones que puedan pactarse cuando en los anteriores códigos simplemente se informaba.
Otra novedad es la reducción del tiempo de mandato de los miembros de consejo de 6 a 4 años. Al mismo tiempo se da luz verde a la figura del Consejero Coodinador. Este cargo lo ocupará un independiente, será obligatorio en aquellas sociedades donde la figura del presidente y consejero delegado recaigan sobre la misma persona, adquiriendo además, competencias para convocar consejos, ampliar el orden del día o dirigir la evolución del desempeño del presidente.
En materia de igualdad, no será suficiente informar del aumento de la cuota, sino que se exige la obligación de fijar objetivos concretos para aumentar el porcentaje femenino en los órganos de gobierno de las organizaciones, estableciendo mecanismos de seguimiento.
Respecto a la información que se facilitará a los accionistas, la Ley también intenta establecer una disciplina para los inversores, además de regular la inscripción de asociaciones y foros de accionistas en un registro especial de la CNMV, la norma también reduce de 7 a 5 días el plazo máximo para solicitar información antes de la celebración de la Junta General.
Por último, se añade una medida de transparencia que no se recogía en las recomendaciones de Buen Gobierno, pero sí en las auditorias financieras y que se estableció en la Ley de Morosidad, donde se impone la obligación de informar del plazo medio de pago a los proveedores, evitado así alargar y/o retrasar los periodos de pago.
Todas están medidas recogidas en el Proyecto de Ley que se tramitará en breve en el Congreso van encaminadas a mejorar la transparencia de las sociedades cotizadas y a otorgar mas poder a los accionistas.