Miquel Vicent Boix Domingo. Profesor de Economía y Empresa en la Universidad CEU Cardenal Herrera

*Artículo Publicado en Revista Plaza nº 134 de marzo 2026

La reconfiguración del sistema financiero global abre una coyuntura decisiva para impulsar reformas que garanticen una economía más resiliente y equitativa en la Comunitat Valenciana. El crecimiento del shadow banking (banca en la sombra), también denominado Intermediación Financiera No Bancaria (IFNB), ha pasado de marginal a pilar del sistema. Según el Financial Stability Board (FSB), gestiona el 52% de los activos financieros mundiales. En España, la CNMV estima que supone el 7,2% del sistema, con cercad de 400.000 millones de euros movilizados.

El Real instituto Elcano señala que, desde 2008, las pymes han reforzado su capital propio del 40% a casi el 55%, reduciendo su vulnerabilidad, aunque los acreedores no bancarios ganan peso ante la desintermediación bancaria. Para el tejido empresarial valenciano, ello implica riesgos de arbitraje regulatorio fuera del perímetro supervisor y sin respaldo público. La Cámara de Comercio de España indica que el 54,2% de las pymes necesita financiación y el 73,6% halla obstáculos por costes y garantías. La banca en la sombra aporta liquidez, pero puede agravar las recesiones y trasladar mayores costes a precios, generando tensiones inflacionarias.

También preocupa el impacto en el mercado inmobiliario de València y Alacant. Los fondos inmobiliarios, actores centrales de la IFNB, tratan la vivienda como activo financiero, priorizando la rentabilidad sobre su función social y favoreciendo dinámicas especulativas que dificultan el acceso al hogar en la Comunitat Valenciana.

Preservar la estabilidad macroeconómica en la Comunitat Valenciana exige avanzar hacia una regulación homogénea basada en la actividad y coordinación estatal e internacional. La digitalización diluye fronteras, por lo que es clave reforzar la cooperación entre unidades de inteligencia financiera como el Sepblac, el estadounidense FinCEN, el francés Tracfin o elalemán FIUD. Solo con intercambio técnico sólido y liderazgo se evitará que el arbitraje regulatorio desplace riesgos a sectores opacos y recaigan sobre los más vulnerables, protegiendo el empleo y el ahorro de la ciudadanía valenciana.