A nadie se le escapa que tras la crisis de confianza, generada al otro lado del océano, el escenario financiero-bursátil ha sufrido grandes cambios. Más de uno oye comentar que éste es el origen de la indefinición de las cotizaciones, por encima de incertidumbres geopolíticas (bélicas) o económicas (recesión, estancamiento). Si recordamos que todo sector financiero debe contar con la confianza de ahorradores e inversores para poder trasladar los flujos económicos de unas personas a otras, y de suficiente liquidez como para que sea representativo y competitivo, entenderemos el alcance de la quiebra de la credibilidad de algunas profesiones, injustamente exportada desde los Estados Unidos.
Sin embargo, por razones de estricta estadística, dada la importancia de este sector, es lógico que haya sido en este país donde hayan aparecido los fraudes, aunque también es cierto que los sistemas regulatorio y judicial han reaccionado con agilidad y razonable eficacia.
Pero hablábamos al principio del artículo de los cambios acontecidos en la industria bursátil, cambios derivados del escenario macroeconómico (globalización e institucionalización), la evolución competitiva del propio sector financiero (desintermediación, automatización, innovación y complejización), y como consecuencia de determinadas conductas aisladas (Enron, Worldcom, Andersen?).
Este nuevo panorama de la intermediación bursátil sería inimaginable antes de haber hecho aparición las tecnologías digitales, habida cuenta de que el común de los mortales no se habría enterado, pero gracias a la sociedad mediática, la enronitis y otras sobrerreacciones han estado a la orden del día.
Y una de las principales consecuencias ha sido un replanteamiento de la labor de los supervisores financiero-bursátiles para garantizar una mayor eficiencia en sus actuaciones al cambiar las reglas del juego. Ahora bien, sus objetivos generales continúan inmutables: garantizar la confianza en el mercado y la protección de los derechos de los inversores.
En este contexto, los reguladores y supervisores europeos, afectados por el Plan de Acción de Servicios Financieros de la UEM, deberán tener en cuenta, al menos, las siguientes directrices generales:
– Ser receptivos y permeables a los cambios impuestos por un sector dinámico que avanza a velocidad de vértigo.
– Ser preactivos y previsores, sin llegar a ser policiales, y mientras la relación coste-beneficio de la mayor supervisión sea justificable.
– Tener en cuenta los riesgos específicos asumidos por sus participantes (mercados, emisores, intermediarios financieros e inversores).
– Los reguladores deben dirigirse directamente a cubrir las necesidades puestas de manifiesto por los accionistas-inversores, primando la igualdad de trato y combatiendo el abuso de mercado, la información asimétrica, y la información privilegiada.
– Flexibilidad (que no laxitud) en la aplicación de sus medidas, tanto preventivas como sancionadoras.
– Perspectivas de futuro internacionales, en concordancia con las transacciones financieras. Este panorama exigirá coordinación entre los diferentes organismos supervisores, así como el establecimiento de estándares de calidad mínimos, que permitan conocer las diferentes reglas de juego y sus respectivos espacios geográficos de vigencia.
– Visión de mercado y competencia entre los diferentes supervisores.
Los inversores y los intermediarios van a poder acceder a un volumen de información mayor al de cualquier época precedente, así como elegir libremente entre un abanico de plataformas de contratación también mayor (mercados regulados y no regulados, intermediarios oficialmente inscritos o no). La responsabilidad de los supervisores será únicamente la de informar a estas personas de los diferentes niveles de riesgo a los que se enfrentan, en función de sus decisiones.
A nadie le sorprenderá que, ante niveles crecientes de incertidumbre y volatilidad, los inversores individuales europeos prefieran invertir en valores domésticos frente a los cotizados en plazas de otros países.
Sin embargo, hay dos afirmaciones habituales sobre los mercados financieros que se han quedado obsoletas en cuestión de días, mostrando el dinamismo y eficiencia de este sector (el financiero), y precisamente por ello, muestran sendas oportunidades para los mercados financieros europeos.
La primera afirmación es respecto a las bondades de los diferentes modelos de propiedad de las acciones. Históricamente, los expertos decían que era más eficiente un mercado con la propiedad de los valores cotizados muy diseminada, referido a los mercados norteamericanos, frente al modelo predominante en Europa continental, con elevada concentración de la propiedad. Como consecuencia de las deficiencias en el suministro de la información a los pequeños accionistas en los escándalos acontecidos en EE.UU., la diseminación en la propiedad de las acciones no parece per se un síntoma de eficiencia.
Otro tópico, comúnmente aplicado a los mercados de capitales norteamericanos, era el de que las empresas preferían cotizar en ellos, además de por tener mayor liquidez y profundidad, por disponer de mejores sistemas de contabilidad y de analistas de mayor calidad. La superioridad cualitativa de estos dos últimos aspectos (contabilidad y analistas) se ha puesto en evidencia de forma palmaria.
Retos y oportunidades para todos, y los supervisores deberán estar a la altura de las circunstancias al menos en dos vertientes, la de acompasar el ritmo de los cambios, y la de prevenir la aparición de conductas erróneas que, una vez tienen lugar, quiebran la confianza de un sistema, creando un desasosiego generador de males mayores. La autorregulación es el premio para las economías en las que el sistema funciona sobre ruedas; en caso contrario, la espiral de vigilancias y supervisiones genera sus propios demonios, algunos merecidos y otros no.