Jorge Múgica Querejeta (Col. ICAM nº 133.940)
Resulta evidente que la Unión Europea atraviesa una coyuntura geopolítica crítica. La agresión rusa en Ucrania, las crecientes amenazas a los países Bálticos, la desestabilización en Gaza – y sus efectos en los equilibrios de poder regionales –, o las tensiones comerciales y geoestratégicas entre Estados Unidos y China, entre otros factores, están erosionando el orden internacional de los últimos ochenta años. Europa, sostenida en su poder normativo y su capacidad diplomática, se ve ahora obligada a adaptarse a un entorno que requiere de nuevas herramientas de poder, una adaptación económica y productiva y una verdadera autonomía estratégica. Su excesiva dependencia externa — tanto energética, tecnológica, o militar— pone en duda la viabilidad del proyecto europeo como actor relevante en un orden crecientemente multipolar.
En este contexto, resulta imprescindible reconfigurar el modelo europeo. Es reconocido que la UE debe reforzar su base industrial y tecnológica[1] para reducir la vulnerabilidad frente a terceros Estados. La pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania han expuesto las debilidades subyacentes de las cadenas de suministro globales, requiriendo de un esfuerzo conjunto para una verdadera reindustrialización y una revisión del modelo productivo y estratégico.
No obstante, más allá de las medidas económicas – tan necesarias –, la UE debe acometer una profundización urgente del proceso de integración desde una perspectiva jurídico-institucional, fortaleciendo así la arquitectura institucional europea. En primer lugar, se requiere virar del obsoleto modelo de la unanimidad al de la mayoría cualificada, dado que aquel se ha convertido en un obstáculo para una acción común eficaz y efectiva, especialmente en ámbitos sensibles como la política exterior o la defensa. La extensión del voto por mayoría cualificada, ya presente en una variedad de ámbitos, permitiría que las decisiones se adopten cuando al menos el 55% de los EEMM representen al 65% de la población comunitaria, evitando bloqueos persistentes y facilitando una toma de decisiones más temprana y eficaz. Asimismo, se requiere de un avance e impulso al mecanismo de la cooperación reforzada (art. 20 TUE y arts. 326 y ss. TFUE), lo que permite que un grupo mínimo de nueve EEMM pueda avanzar en áreas estratégicas sin verse frenado por la falta de consenso, dotando de más poder a aquellos Estados partícipes y agilizando la acometida de reformas. En tercer lugar, y en la misma línea, resulta necesario el refuerzo de la cláusula de solidaridad (art. 222 TFUE), que obliga a la actuación conjunta frente a amenazas terroristas o crisis geopolíticas graves, pudiendo servir como base jurídica para una política común de seguridad más operativa y vinculante.
Finalmente, el debate sobre la autonomía estratégica exige una mayor articulación del marco jurídico y normativo de la Unión. Resulta prioritario reforzar el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no solo como intérprete último del Derecho de la Unión, sino como actor clave en el fortalecimiento de la soberanía jurídica europea. Su intervención es esencial para una aplicación coherente y efectiva del marco normativo comunitario en ámbitos como el mercado interior, la competencia o las ayudas de Estado, siendo estos pilares fundamentales para el impulso del poder económico de la Unión frente a otros actores. En este sentido, se destaca la posibilidad de ampliar de manera progresiva su jurisdicción a nuevas áreas de relevancia, como la política industrial o la defensa común, contribuyendo así a la defensa de los intereses europeos en un contexto geopolítico de incertidumbre y fragmentación. Al mismo tiempo, el TJUE debe llevar a cabo un rol más activo en la construcción jurídica de una acción exterior eficaz y unificada, dotando de base doctrinal y jurisprudencial a los instrumentos que permiten a la Unión actuar autónoma y coherentemente. En definitiva, una Europa con mayor ambición geopolítica necesita un TJUE fortalecido, capaz de articular jurídicamente la profundización del proyecto y de traducir el Derecho en un instrumento de poder.
En resumen, Europa debe dejar de limitarse a ser un poder meramente normativo y avanzar hacia una proyección estratégica real, articulando su influencia económica, diplomática, jurídica e institucional. La soberanía europea no ha de ser una aspiración idealista, sino una necesidad para salvaguardar su capacidad de decisión, su papel en el nuevo orden mundial multipolar y, en definitiva, su existencia. Solo así, creo, podrá afrontar los desafíos del siglo XXI y preservar su modelo de bienestar, seguridad y valores compartidos.
[1] Como ya adelantó el AR de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad J. Borrell en 2020.