Borja Herrero Romón, asociado senior del Área Laboral de Broseta

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido de manera significativa en los distintos sectores productivos, transformando procesos, estilos de trabajo y las propias expectativas laborales de millones de trabajadores a nivel global. Lejos de constituir una tendencia coyuntural, la IA se consolida como un elemento estructural que redefine tanto la organización del trabajo como el contenido de numerosas ocupaciones.

La automatización impulsada por sistemas inteligentes permite sustituir tareas repetitivas y predecibles, tradicionalmente desempeñadas por personas, especialmente en ámbitos como la industria, la logística, la atención al cliente o los servicios administrativos. No obstante, el impacto de la IA no se limita a empleos de baja cualificación. Las tecnologías basadas en aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural comienzan a incidir también en actividades de carácter analítico y cognitivo, ampliando de forma notable el alcance del cambio tecnológico.

En este contexto, surge la cuestión de si estos avances pueden afectar negativamente al mantenimiento del empleo y si el legislador nacional ha previsto mecanismos suficientes para afrontar esta realidad, protegiendo tanto a las personas trabajadoras como, de manera directa, a las propias empresas.

Desde una perspectiva económica y social, la incorporación de la IA al mercado laboral genera efectos diversos, especialmente a la luz de las recientes novedades legislativas nacionales en materia laboral. Por un lado, puede conllevar la amortización de determinados puestos de trabajo; por otro, incrementa la productividad y favorece la creación de nuevas ocupaciones vinculadas al diseño, supervisión y mantenimiento de estas tecnologías. En muchos supuestos, la IA actúa como complemento del trabajo humano, mejorando la eficiencia y la calidad de los resultados.

Sin embargo, estos procesos no afectan de manera homogénea a toda la población activa, ya que cada puesto de trabajo y cada rol profesional pueden verse impactados de forma positiva o negativa en función de cómo la IA incida en la prestación de servicios. En este sentido, existen riesgos evidentes de polarización del empleo y de incremento de las desigualdades, especialmente para aquellos trabajadores con menor acceso a la formación tecnológica o con trayectorias profesionales más vulnerables.

La adaptación a este nuevo escenario exige, por tanto, una respuesta coordinada entre empresas, trabajadores y poderes públicos. Resulta imprescindible impulsar políticas activas de empleo orientadas a la recualificación profesional, la formación continua y el desarrollo de competencias digitales y transversales, con carácter previo a la adopción de medidas más lesivas, como los despidos objetivos por amortización de puestos de trabajo.

Asimismo, el diseño de marcos regulatorios adecuados, a través del Estatuto de Trabajadores como de Convenios Colectivos o pactos extraestatutarios, permitirá garantizar que la adopción de la inteligencia artificial se lleve a cabo de forma ética, inclusiva y compatible con la protección de los derechos laborales. En este punto, resulta necesario analizar si las normas comunitarias se configuran como pioneras en este ámbito y si contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras o, al menos, a evitar la terminación masiva de relaciones laborales.

En definitiva, el marco normativo actual es amplio y constituye una oportunidad para construir un mercado de trabajo más eficiente, innovador y sostenible, siempre que su implementación vaya acompañada de medidas que sitúen a las personas en el centro del proceso de transformación digital.